Cuando
hablamos de corrupción simplemente hacemos referencia a uno de los fenómenos
tal vez más lesivos contra cualquier administración publica ya que afecta como
abuso de poder o mala conducta todo con un único fin el logro de una ventaja ilegitima
en cualquiera de los casos.
Colombia
de acuerdo al Barómetro Mundial de la corrupción realizado por Transparencia
Internacional ocupa el puesto 74 entre 189 países objeto de evaluación de
corrupción, es por ello que se demuestra la necesidad de una política diseñada
e implementada que logre ser eficaz en lucha de la corrupción.
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Fuente: revistagobierno.com |
Para
lo anterior fue creado el ESTATUTO ANTICORRUPCION, el cual tiene como objetivo
salvaguardar la gestión estatal, siendo la ley que introduce medidas las cuales
incentivan actuaciones honestas y de lealtad por parte de los servidores
públicos y demás personal que conforman entes gubernamentales.
Además
de ello, se establecen varias series de inhabilidades que no solo son
sancionatorias sino además garantizan trasparencia dentro de los diferentes
gobiernos; lo anterior promueve sostenibilidad a través de un mejor control y
vigilancia por parte del estado, de igual manera esta ley incluye medidas
penales en la lucha contra la corrupción tanto para el sector público como para
el sector privado, es así como el presente gobierno pondrá fin a los beneficios
para los corruptos y aumentara la dedicación investigativa a cada caso que dé
lugar a este fenómeno en procesos fiscales y disciplinarios.
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Fuente: www.semana.com |
De igual manera
se crean herramientas de lucha contra la corrupción, medidas pedagógicas
y de formación que hacen que la política anticorrupción sea permanente la cual
promueva una cultura de legalidad.
En síntesis es una normatividad integral la cual incluye medidas novedosas ya que “¡Se acabaron las gabelas para los procesados por corrupción!” afirmo el presidente Juan Manuel Santos, pues esta norma dictamina algunas medidas administrativas como el volver a contratar con el Estado, a los ex servidores públicos el no gestionar ante entidades públicas y privadas durante 2 años siguientes a su retiro; algunas medidas penales como no habrá libertad condicional, ni de menos prisión domiciliaria, se extenderá el principio de oportunidad al cohecho para romperlo, entre otras.
Nuestro país debe generar un nuevo clima para los negocios entre los particulares y la gestión pública o privada, es por ello que deberá seguir recomendaciones internacionales, las cuales hagan de Colombia un país honesto, leal y pulcro a la hora de tener cualquier relación con los sectores públicos y privados que prevalecen en ella.
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